Como venimos observando, el panorama laboral sigue siendo un mercado en constante evolución, una tendencia que se mantiene con fuerza al inicio de este 2025. En los próximos meses, las empresas deberán afrontar importantes novedades en materia laboral y de seguridad social, que podrían implicar ajustes y transformaciones en su forma de operar.
Conscientes de la relevancia de estos cambios, desde Bécquer Abogados, hemos preparado un resumen que recoge las principales novedades normativas y regulatorias que impactarán en el ámbito empresarial y laboral para este 2025.
- Reducción de la jornada laboral y desconexión digital
El año 2024 culminó con un importante acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las principales organizaciones sindicales, destinado a establecer una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin que esta medida implique una disminución en los salarios de los trabajadores.
No obstante, la aplicación de esta medida aún enfrenta cierta diversidad de plazos y condicionantes, ya que, hasta la fecha, solo se ha presentado un anteproyecto de ley. Este anteproyecto está sujeto a un posterior desarrollo reglamentario, que deberá detallar y regular todos los aspectos necesarios para su implementación efectiva.
En este contexto, se prevé que, tras la aprobación de la reforma definitiva, las comisiones negociadoras de los convenios colectivos ajusten las condiciones laborales antes del 31 de diciembre de 2025, garantizando que la reducción de la jornada laboral no conlleve ninguna aminoración en las retribuciones de los empleados.
Además, este cambio se enmarca en una política más amplia que busca reforzar los derechos de los trabajadores, promoviendo medidas complementarias como la desconexión digital, con el objetivo de garantizar un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal.
- Registro de jornada y digitalización.
El referido borrador, además de la reducción de la jornada laboral, introduce importantes modificaciones en la regulación del registro de jornada, adaptándose a las exigencias de mayor transparencia y control en el ámbito laboral.
Entre los principales cambios, se establece que las empresas deberán contar con sistemas de registro de jornada accesibles de forma remota tanto para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como para los representantes de los trabajadores.
Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el registro de jornada se endurece considerablemente:
- Multas por incumplimiento: En caso de ausencia de registro o falseamiento de los datos registrados, cada persona afectada será considerada de forma independiente, generando una infracción por cada trabajador perjudicado.
- Incremento de sanciones: Las multas se elevarán, pasando a un rango de entre 1.000 euros y 10.000 euros por infracción, en comparación con el rango actual de 751 euros a 7.500 euros.
- Extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente.
Actualmente se encuentra en trámite un proyecto de ley que busca modificar el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, introduciendo cambios significativos en la regulación de la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente.
De acuerdo con esta propuesta, la declaración de incapacidad permanente absoluta o total de un trabajador no determinará automáticamente la extinción de su contrato de trabajo. En su lugar, será necesario evaluar previamente:
- La posibilidad de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo del empleado, adaptándolo a sus nuevas capacidades.
- El cambio del trabajador a un puesto vacante y disponible, siempre que sea acorde a su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
Solo en los casos en los que estas opciones impliquen una carga excesiva para la empresa, podrá procederse a la extinción del contrato de trabajo.
Esta modificación legislativa tiene como finalidad alinear la normativa laboral española con el Derecho de la Unión Europea, conforme a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia sobre el Asunto C-631/22.
En dicha sentencia, el TJUE declaró incompatible con el derecho comunitario el cese automático del contrato de trabajo tras la declaración de una incapacidad permanente, sin que la empresa explore previamente las posibilidades de ajustes razonables.
- Medidas para la igualdad real y efectiva del colectivo LGBTIQ en el ámbito empresarial.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1026/2024, las empresas con más de 50 empleados tienen la obligación de negociar, antes del 10 de enero de 2025, un conjunto de medidas y recursos que garanticen la igualdad real y efectiva para las personas del colectivo LGBTIQ.
Entre las medidas obligatorias se encuentra la elaboración y aplicación de un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra personas de este colectivo. Dicho protocolo debe ser aplicable a todas las personas que presten servicios en la empresa, incluyendo:
- Trabajadores de contratas y subcontratas.
- Personal de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
- Proveedores, clientes y visitas.
Estas medidas deben acordarse a través de la negociación colectiva o mediante un acuerdo de empresa, asegurando la participación de los representantes legales de los trabajadores.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo antes de la fecha límite, serán directamente aplicables las disposiciones previstas en el Real Decreto 1026/2024. Dichas disposiciones abordan aspectos clave como la contratación, la formación en igualdad y diversidad, la promoción profesional sin discriminación y la prevención y actuación frente al acoso y la violencia en el entorno laboral
- Estatuto del Becario.
El año 2025 podría marcar un hito en la regulación de las prácticas laborales con la posible entrada en vigor del Estatuto del Becario, una normativa que ha sido objeto de debate en los últimos años.
El pasado 11 de diciembre de 2024, el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó para audiencia pública el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el Ámbito de la Empresa. Este anteproyecto propone una serie de medidas que buscan garantizar los derechos de las personas que realizan prácticas en empresas, así como regular esta figura para evitar abusos.
Entre las medidas más destacadas se encuentran (1) limitar el número de becarios; (2) restringir el número de horas de prácticas; (3) redefinir la figura del tutor, con respecto a sus funciones, responsabilidad, tiempo de dedicación entre otras más y (4) establecer la obligación de compensación de gastos.
En definitiva, 2025 será un año de cambios en el ámbito laboral, que exigirá un asesoramiento especializado y una constante actualización por parte de los Departamentos de RRHH de las empresas.
En Sevilla, a 13 de enero de 2025.
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